La falsa historia sobre el caos en la frontera

Mientras que migrantes buscan asilo en los Estados Unidos, proliferan las malas políticas migratorias.

 

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California es el primer estado en el occidente del país que a menudo ofrece soluciones a problemas sociales y ambientales. Actualmente, se encuentra al frente de un difícil desafío, ya que sus ideales progresistas — y su población cada vez más diversa — se ve generalmente opuesta a las políticas del Presidente Donald Trump. En esta nueva columna mensual, una Carta desde California, documentaremos cómo el estado se está adaptando a los cambios en estos tiempos.

En 2010, cuando cubría las noticias de la región fronteriza para la radio pública, visité un albergue para migrantes en un edificio modesto apenas a un kilómetro y medio del muro que separa a San Diego de Tijuana. Ahí, los deportados podían encontrar una cama por varias noches después de que los agentes de Customs and Border Protection (CBP) los soltaran en México. Ahí fue donde conocí a Verónica Vargas, una madre de 34 años que vivió en Los Angeles, y quien había sido deportada después de un incidente de violencia familiar. Cuando llegó a la cárcel local, la policía chequeó el estatus migratorio de Vargas y su esposo, y poco después, ambos fueron procesados para ser deportados. Su niña más pequeña, de 7 años, quedó bajo el cuidado de la mayor, de 18 años, dentro del departamento que compartía la familia en Los Angeles.

“No hay nada que pueda hacer ahora,” me dijo Vargas, con una voz deprimida, que apenas pude escuchar. “Estamos aquí, y nuestras hijas están allá, y nos necesitan mucho.” Vargas me dijo que había estado viviendo en los Estados Unidos por más de dos décadas sin antecedentes criminales, y me explicó que Tijuana no era su hogar. Lo único que le preocupaba ahora, me dijo, era cómo conseguir la manera de regresar a los Estados Unidos para estar con sus hijas. La posibilidad de un arresto, o de multas y de más deportaciones no la disuadían; ella necesitaba volver a casa. “Intentaré cruzar a los Estados Unidos nuevamente mañana, y cuantas veces sea necesario.”

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Miembros de la caravana de migrantes centroamericanos caminan desde México hasta la frontera con Estados Unidos para pedir asilo. El 29 de abril, 2018, más de 300 migrantes llegaron a la frontera en Tijuana, México para pedir una entrada legal a los Estados Unidos.
David McNew/Getty Images

La franja de territorio que incluye a Tijuana y San Diego era en ése entonces — y aún sigue siendo — la parte más vigilada de la frontera de 3.000 kilómetros que comparten Estados Unidos y México. A pesar de éllo, el tráfico ilícito sigue: las personas y las drogas consiguen nuevas maneras de entrar a los Estados Unidos; las armas van en la dirección opuesta. El cruce ilegal de la frontera es cada vez más peligroso y costoso para los migrantes, pero no existe refuerzo que pueda parar éste flujo. Tampoco lo parará el teatro político como el que está llevando a miles de Guardias Nacionales a la frontera. 

El mes pasado, el Secretario de la Defensa James N. Mattis aprobó el despliegue de hasta 4.000 tropas de la Guardia Nacional para que “sellaran a la Frontera Sur,” como el Presidente Donald Trump anunció en Twitter. Tropas de California, Arizona, New Mexico y Texas van a apoyar a CBP — sin poder arrestar a migrantes o interactuar directamente con ellos — hasta el 30 de septiembre, 2018, cuando, supuestamente, Trump podrá haber conseguido los fondos para finalmente poder construir su muro fronterizo.

Pero aquí está la clave: No existe una “crisis” en la frontera. Lo que estamos presenciando es un aumento en el número de personas que buscan asilo en los Estados Unidos, sin recibir el proceso debido. Esto incluye a la caravana de más de 1.100 migrantes hondureños, la mayoría de ellos con niños, quienes recibieron cobertura por parte de los medios que a su vez provocó a que Trump llamara a la Guardia Nacional. Pero éstos migrantes no habían venido a escalar muros; habían venido a pedir asilo en la frontera, como varias decenas de ellos parecen ya haberlo hecho.

Los cruces ilegales están en el punto más bajo de los últimos 46 años — desde una cumbre en 2014 (cuando CPB arrestó a casi 69.000 personas) hasta mayo del 2017, las detenciones han bajado en un 71 por ciento. Es por ello que probablemente no sean necesarias las tropas. Además, puede que resulten muy caras. En 2006, el Presidente George W. Bush ordenó a que la Guardia Nacional se basara en la frontera por dos años, a un costo de 1.2 mil millones de dólares. Después de la misión, el comandante de la Guardia Nacional David M. Church dijo que el Departmento de Seguridad Nacional, el cual supervisa a CBP, no se comunicó eficientemente con la Guardia Nacional y le dejó poco tiempo para que se preparara. Luego, en 2010, el Presidente Barack Obama ordernó un despliegue similar para “ayudar a reducir el tráfico de drogas y de personas.” La operación costó aproximadamente 110 millones de dólares, y de acuerdo a la Oficina Pública de Contabilidad, los resultados no justificaron su precio final.

No se sabe cuánto costará el despliegue de Trump, o qué es lo que podrá lograr. El gobernador de California, Jerry Brown, se unió a los otros gobernadores de los estados fronterizos al prometer que enviaría a 400 tropas, pero limitó su rol. “Ésta no será una misión para construir un nuevo muro fronterizo,” escribió en una carta pública que envió a la jefa de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen y Mattis. “No será una misión para capturar a mujeres y niños o para detener a personas que se escapan de la violencia y buscan una vida mejor. Y la Guardia Nacional de California no ejercerá las leyes migratorias federales.” A diferencia de los otros estados fronterizos, las tropas de California no contarán con un permiso para reportar actividades sospechosas a la Patrulla Fronteriza, para operar radios o dar “apoyo de misión.”

En enero 2017, Trump firmó una órden ejecutiva que prometío cumplir con su promesa de construir un muro que sea “monitoreado y con el apoyo de un personal adecuado para prevenir la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y de personas, y el terrorismo.” A ésto le siguieron más órdenes dirigidas hacia refugiados e inmigrantes de países con mayorías musulmanas, inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales, y políticas pro-inmigrantes, como las de California. 

Más de un año desde que firmó, Trump no consigue los 18 mil millones de dólares que necesita para su muro. Mientras tanto, nos hemos quedado con un país cada vez más aislado, uno que hierve a fuego lento con miedo y furia, y que está listo para expulsar a inmigrantes — madres, niños, solicitantes de asilo, musulmanes — bajo una falsa historia sobre el caos en la frontera.

La NewTowncarShare News editora colaboradora Ruxandra Guidi escribre desde Los Angeles, California.

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